LO QUE EVITÓ EL NO INDULTO.

* Por Jorge Montecino

La negativa del gobierno, viene a ratificar que algunos militares, también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.


La decisión del gobierno chileno, de no indultar a los violadores de los Derechos Humanos, aparece como una señal potente del Ejecutivo respecto de ser un gobierno que no indulta y que suele tener la mano dura, respecto del delito.

Sin embargo, la medida evitó un conjunto de situaciones y nuevos escenarios respecto de la violencia política acontecida en el país, durante la dictadura militar y que el actual gobierno no desea enfrentar.

El indulto es finalmente una decisión política y no solamente jurídica. Vale decir, tiene un origen jurídico, pero inevitablemente tiene un transfondo político, por que recae exclusivamente en la figura del Presidente de la República. Esto implica que la responsabilidad de otorgar indulto, puede ser un factor de doble filo, cuyo costo político, tendrá que asumir necesariamente el Presidente.

En relación a la justicia aplicada y sancionada por los jueces, mediante largos y costosos juicios, el indulto, como un acto administrativo, provoca una reacción negativa, en las victimas y su entorno, lo que también recibe la adhesión de otros sectores de la sociedad, sobre todo por la ausencia de un seguimiento eficaz sobre los condenados.

Respecto de cómo superar los dolores políticos producidos en Chile, en la historia reciente de nuestro país, en gran medida tiene que ver con el pedir perdón a las victimas. Mientras los altos mandos de las FFAA y de Orden, no admitan la responsabilidad institucional en la sistemática violación de los derechos humanos en el país, es difícil que el país entienda la petición de indulto para los militares, aunque sean de rango menor.

Lo que finalmente ocurrió en la decisión del No Indulto, tiene mucho que ver con el reconocer y el perdonar. El perdón es individual y le corresponde a cada una de las victimas y su entorno. Reconocer, es un acto de valentía, y ello provoca que el victimario, asuma la pena que le asignó Estado y esta debe cumplirse íntegramente.

Los derechos humanos son universales y la ciudadanía mundial, rechaza las amnistías, y todo los que se parezca a punto final. Sobre todo en Chile, cuyos puntos de detención para militares, cuentan con altos standards de calidad, respecto de las demás cárceles del país.

Los militares que podrían haber sido, beneficiados con el indulto, son precisamente aquellos de menores rangos, que en ocasiones obedecieron órdenes superiores, y no tuvieron posibilidades de evitarlas. La negativa del gobierno, viene a ratificar que también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.

* Docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso.

Chile: ¿Fin a la libertad de Expresión?

Por Jorge Montecino.

Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.

Las manifestaciones en Chile, podrían resultar caras y con penas de cárcel para los convocantes. En medio del escenario electoral, en el Congreso se tramita una Ley, que castiga a los dirigentes de instituciones sociales o ciudadanas, por los desmanes que pudieran provocar las minorías violentas que por lo general se infiltran en las manifestaciones públicas y que apartándose de la idea inicial de la convocatoria producen destrozos en la propiedad pública y privada.

Esta Ley atenta gravemente con el derecho a manifestarse públicamente y de manera pacifica. Además criminaliza toda acción ciudadana y restringe la diversidad de opinión entre los actores sociales y ciudadanos. Resulta una medida intimidatoria, por que responsabiliza a los líderes o dirigentes máximos de una organización y por ende, una persecución que podría desmantelar o al menos disminuir claramente los liderazgos sociales o ciudadanos.

Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.

Nadie sensato, pretenderá responsabilizar – como es el cuerpo de la Ley- a las organizaciones sociales o ciudadanas por lo que ocurre durante una manifestación que por esencia, es amplia, plural y diversa, sin discriminación de ningún tipo. El control policial –intimidatorio- que se ejerce actualmente sobre los manifestantes, parece no ser suficiente, y ahora se busca que los manifestantes se pre-inscriban antes de manifestarse públicamente.

Resulta al menos curioso, que en un Chile post Neoliberal, la libertad a expresarse sea restringida mediante este tipo de legislatura, en medio de una crisis financiera global, que golpea de manera manifiesta a los sectores medios y vulnerables del país, cuya última manifestación, ante el total desamparo del mercado, es utilizar la manifestación pública, como expresión de reclamo y grito de esperanza.

Es una verdadera mordaza al derecho de expresión y un mal recuerdo de una época oscura de Chile, donde la aplicación de los artículos transitorios y la ley de Seguridad interior, se utilizaba como herramienta política. Con esta Ley se fortalece el vandalismo – que seguirá existiendo- y se intimida al ciudadano y su libertad de expresión.

Director Ejecutivo, del Observatorio del la Realidad, Ciudadana. Universidad ARCIS Valparaíso.

HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO.
Por Jorge Montecino.

Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.

La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.

Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.

La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.

Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.

La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.

Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista. Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.

Director Ejecutivo, del Observatorio de la Realidad Ciudadana, Universidad ARCIS, Valparaíso.

LA PILDORA ELECTORAL Y OPUS DEI.

Por Jorge Montecino

Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.

¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.

Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.

Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.

Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.

Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.

En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

* Director Ejecutivo del Observatorio de la Realidad Ciudadana, Universidad ARCIS Valparaíso.

LAS CLAVES DE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL
Por Jorge Montecino.

El sillón presidencial se resolverá en la segunda vuelta. El pacto PC-Concertación podría inclinar definitivamente el poder.


La encuesta CEP, visibilizó el pulso electoral de cara a las elecciones presidenciales de diciembre. El análisis demuestra que los candidatos Eduardo Frei y Sebastian Piñera, logran un empate técnico en segunda vuelta. Por otra parte, los candidatos pequeños, escasamente reúnen un 1 % lo que implica que tienen pocas posibilidades de llegar a La Moneda. Respecto de Marco Enriquez- Ominami, - el candidato más mediatizado de los últimos tiempos- aparece marcando el 13 % de las preferencias, cifra que lo instala como la tercera fuerza electoral del país, desplazando, a candidatos como Jorge Arrate, Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro.

Respecto del gobierno, a la Presidenta Michelle Bachelet, la encuesta le otorgar un 66 % de apoyo, lo que implica un liderazgo pleno y robusto, que le permitirá consolidar sus logros y terminar su mandato con una alta legitimidad. Sin embargo, su capital político, no es traspasable de manera integra al candidato de La Concertación, el Senador, Eduardo Frei.

¿Qué implican estas preferencias políticas?

La medición deja al descubierto la dura lucha por el sillón presidencial en la segunda vuelta. El ganador obtendrá el poder por un margen muy ajustado de votos. Las alianzas electorales podrían resultar claves para inclinar la balanza y romper el equilibrio electoral. El pacto PC- Concertación, podría inclinar el poder y resultar clave. Esto ocurre principalmente por que los votantes siguen siendo los mismos que han sufragado en las últimas elecciones presidenciales. Vale decir, el padrón electoral no crece de manera significativa.

Respecto de los candidatos más pequeños su futuro es incierto. El representante presidencial del Junto Podemos Más, puede alcanzar alrededor de un 5 %, en la primera vuelta, superando largamente su 1 % que le asigna la encuesta CEP.

Respecto de Adolfo Zaldívar, aparece con una votación marginal, quedando en suspenso su proyecto político futuro. Lo mismo ocurre con el senador Navarro, cuestión que podría significar el fin de su aventura presidencial.

El caso de Marco Enriquez- Ominami, resulta significativo. Es en definitiva una candidatura que crece en las encuestas. Es un candidato catalizador del descontento hacia La Concertación y su candidatura promueve un recambio generacional en la elite gobernante. Su 13 %, es en gran parte, un voto que le pertenece a La Concertación - un 44 % de sus votantes expresan que votaran por Frei, en la segunda vuelta- Sin embargo, los desafíos que debe enfrentar son múltiples.

Primero; debe lograr la inscripción de miles de sus adherentes, ello implica un tremendo esfuerzo administrativo- electoral; Segundo, la conformación de su fuerza electoral, por que sin diputados y senadores, no hay gobierno posible. Tercero, superar todas las trabas burocráticas del sistema electoral chileno. Estos escollos pudieran dejarlo fuera de la carrera presidencial.

De ocurrir esto último, MEO, quedaría en el camino y la contienda presidencial, se reduce sólo a las dos candidaturas fuertes, en cuyo efecto, y considerando la escasa inscripción de nuevos electores, quien logre mayor efectividad en el llamado a votar, entre sus propios adherentes, logrará obtener el poder. Por lo tanto, la renovación de la política, queda postergada una vez más y el poder se reproduce, tal como ha sucedido en los últimos 20 años.

* Director Ejecutivo, del Observatorio de la Realidad Ciudadana. Universidad ARCIS Valparaíso.

Caso PDI: ¿Quién nos resguarda?

Por Jorge Montecino

No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.

Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.

En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.

Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.

¿Es Chile un país corrupto?

Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.

No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias victimas- de aquellos que debían proteger.

La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.

Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.

La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.

La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.

El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.

* Director Ejecutivo, del Observatorio de la Realidad Ciudadana (OBSERVA) Universidad ARCIS Valparaíso.

LA CÁMARA INDISCRETA DEL CONGRESO.

Por Jorge Montecino.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas.

En las encuestas de opinión, los congresistas chilenos aparecen como uno de los segmentos del país peor evaluados. La percepción de los encuestados fue ratificada en el reportaje de TVN, que muestra a los legisladores sobrepasando toda prudencia y sensatez en el ejercicio de su mandato.

Desde los atrasos a la llegada a la sesión legislativa, hasta la revisión de lo que ocurre con las carreras de caballo, se pueden observar con toda nitidez, mientras se legisla en materias del interés del país. Una de las más graves, resulta el votar un diputado (a) hasta dos o tres veces, marcando la preferencias de los demás colegas, que en algunas ocasiones simplemente ni se enteran que otro, ejerció su derecho a voto.

La lista de imprudencias es larga y extensa. Además, deja en cuestionamiento a todo el espectro político, sin distinción alguna. Sin embargo, llama la atención que se gasten recursos en oficinas públicas de atención ciudadana, inexistentes. Esto resulta grave y daña de manera irreparable, la relación –ya deteriorada- entre autoridades electas y sus electores.

¿Cuál es la reacción de los implicados en dichas prácticas? Resulta casi escandaloso, que frente a una realidad cuestionada y validada por los congresistas en el reportaje televisivo, se reaccione con la defensa corporativa y se cuestione la imparcialidad de lo mostrado. Nadie desconoce el aporte legislativo del Congreso Nacional. Sin embargo, eso no implica la justificación de malas prácticas y conductas inaceptable para personajes públicos, como los aludidos.

¿Cuál es el tema de fondo en todo esto? Es necesario fiscalizar a los funcionarios públicos, cuya génesis del poder nace de la decisión ciudadana. Los electores le han confiado no sólo la decisión política de representarlos, sino que también el ejercicio pleno del poder y ello implica cautelar al máximo la transparencia, probidad y buenas prácticas. De lo contrario, aparecen situaciones como por ejemplo, la equivocada reacción de un congresista, que ante una infracción de transito (exceso de velocidad), termina por ejercer su influencia, llamando a una alta autoridad de gobierno, y además solicitando represarías contra dos Carabineros. Este es el fondo del problema y no otro.

Cambios profundos en el ejercicio legislativo.

Todo hace indicar que es necesario provocar con toda rapidez, un cambio profundo en el ejercicio legislativo. La manera de organizar la Corporación, que reúne al Congreso Nacional, debe modernizarse y terminar con las acciones corporativas, que solo profundizan las malas prácticas y además, provocan en la ciudadanía, mayores niveles de rechazo, apatía y falta de interés por los asuntos públicos. Lo complejo en todo este cambio, es el desafío de autorregularse y asumir públicamente los errores y ello hasta el momento parece lejano en la Cámara de Diputados.

Respecto del programa de TVN, Informe Especial, los televidentes quedamos con la sensación que pudimos haber visto mayores niveles de cuestionamientos entre los insinuados, considerando el tiempo de investigación periodística. Es de esperar que en este caso, las presiones políticas y la censura no existiesen.

* El autor es Director Ejecutivo del Observatorio de la Realidad Ciudadana, de la Universidad Arcis Valparaíso.