viernes, 12 de junio de 2009

Caso PDI: ¿Quién nos resguarda?

Por Jorge Montecino


No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil.


Según datos publicados por Transparencia Internacional, el 55 % de los chilenos considera que somos un país corrupto. Además, la percepción de la ciudadanía indica que el 84 % de los encuestados afirma que la corrupción causa mucho daño al país. Incluso un 9 % reconoce haber vivido una situación como tal y en muchas ocasiones, haber tenido que soportar prácticas de corrupción.


En la realidad cotidiana, esto se materializa con numerosas situaciones de corrupción, aparecida en el país, de las cuales, la ocurrida con la PDI, en Valparaíso, marcan la agenda noticiosa de los últimos días. Los sorprendentes antecedentes emitidos por una investigación periodística, del Canal 13 de Televisión, donde un grupo de agentes policiales mantienen contactos sexuales con menores, no puede dejarnos de sorprender.


Casos como lo ocurrido con este grupo de menores socialmente vulnerables, dejan en la visibilidad pública, un amargo sabor a impunidad, corrupción y malas prácticas de funcionarios del Estado, sobre todo aquellos encargados, precisamente de la seguridad pública y el resguardo de los ciudadanos.


¿Es Chile un país corrupto?


Al comparar las estadísticas entre Chile y otros países de la región, nuestro país aparece notoriamente entre aquellos medios corruptos. Sin embargo, ello no puede ser un alivio, ni menos punto de comparación. El caso de Valparaíso, instala en el centro del debate la calidad y formación de los cuerpos policiales, como actores esenciales del sistema jurídico chileno y del resguardo de los ciudadanos.


No puede ser, que los agentes policiales, especializados en abusos contra menores, terminen coludidos con aquellos privados dedicados precisamente a la prostitución infantil y además, ser clientes sexuales – como lo expresan las propias victimas- de aquellos que debían proteger.


La corrupción es algo difícil de percibir, complejo de determinar y sobre todo, neutralizar. Detrás de dicha acción, se esconden los más variados intereses. Por una parte, el poder económico, además del poder político, y la impunidad judicial.

Terminar con dichas prácticas es una urgencia y además, un tema país.

La perdida de confianza en las instituciones que deben velar por el resguardo e integridad del país, aparece como lo más grave. La corrupción es una trilogía perversa, que reúne al funcionario público; al corruptor del sector privado y al dinero o su equivalente, en la búsqueda de riqueza, favores e influencias, de todo tipo. No puede ocurrir en Chile, aquello que se instaló en otros países de la región, dónde el narcotráfico y el delito global aparecen como una amenaza creciente, que incluso desafía al propio Estado.

La gobernabilidad del país podría estar en peligro, por que la corrupción, busca ingresar a las instancias de mayor poder en los estados. Colombia y México, son dos ejemplos claros, de la capacidad que tiene la corrupción, para copar las instituciones públicas.

El país, debe reaccionar con prontitud y la transparencia debe ser parte esencial de ejercicio público. Hay que terminar con la corrupción en todas las instancias públicas y también en el sector privado. Es una tarea urgente, que necesita ser abordada de manera frontal y decidida.


* Director Ejecutivo, del Observatorio de la Realidad Ciudadana (OBSERVA) Universidad ARCIS Valparaíso.

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