¿Muevan las industrias?

El avance industrial es necesario. Sin embargo, se requiere preservar el medio ambiente y la armonía de las comunidades. El descontento ciudadano logró la suspensión de la instalación de la termoeléctrica en Punta de Choros.

La protesta masiva de los ciudadanos, detuvo la construcción de la termoeléctrica a carbón, que la empresa Suez Energy, pretendía instalar en la cercanía de Punta Choros. Esto demostró que una ciudadanía activa y con capacidad de propuesta, influye en decisiones que parecían una verdad absoluta, al menos para un grupo de funcionarios públicos de la CONAMA de Coquimbo, que votaron por la realización del proyecto eléctrico, sin importar el costo ambiental, que su decisión implicaba.

En medio del debate medio ambiental y ecológico, que produce esta decisión, hay que dejar en claro, que nadie se opone al avance industrial necesario en un país periférico como Chile. El crecimiento industrial, arrastra una demanda de energía que de algún lado debe proveerse. Ello no está en discusión, como piensan algunos sectores empresariales.

Tampoco se desconoce que mayores proyectos productivos, otorgan más capacidad de mano de obra e impacto en el mercado y la economía. Sin embargo, la experiencia reciente de BP petróleos, que contaminó miles de kilómetros del océano en el Golfo de México y las costas de Estados Unidos, marcó un precedente respecto de la defensa del medio ambiente, por parte de los ciudadanos, cada vez más informados, que expresan su opinión, y además, viven conectados en plataformas sociales, de fácil concertación y comunicación.

Se hace necesario mayor injerencia del Estado en el control y fiscalización de importantes sectores productivos del país, que logran altas tasas de ganancias financieras, aplicando bajos costos, sin ninguna responsabilidad social ni empresarial.

Esta mención parece importante, en medio de feroces ataques en contra de las organizaciones ciudadanas que se oponen a este tipo de centrales eléctricas, y que ruegan por más progreso, pero sin dañar el medio ambiente, como se pretendía en Punta de Choros.

El Estado debiera reconocer que le es imposible fiscalizar una parte importante del sector productivo del país, con la rapidez y eficacia que se requiere y debiera garantizar recursos estatales para la organización de los ciudadanos, en la defensa preventiva del medio ambiente. Esto resulta esencial, para empoderar a una ciudadanía, que se moviliza de manera responsable en la defensa del medio ambiente y que en casos como esté, participa activamente en la defensa de lo que considera esencial para su entorno y la naturaleza que le rodea.

* Docente Universidad ARCIS Valparaíso.

Coquimbo: ¿Regreso al autoritarismo?

Bajo una razón legal se buscó lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Diferentes reacciones causó la filtración del instructivo general Nº 1, del Gobierno Regional de Coquimbo, que prohibía, entre otras cosas, el uso de la falda corta entre las mujeres; el jeans, o una polera sin cuello, incluida las zapatillas en caso de salidas a terreno.

A pesar de haber sido finalmente derogado el instructivo y ser catalogado de “tontera sin límite”, por una alta autoridad central, él documento deja al descubierto una latente amenaza: volver al autoritarismo profundamente tradicional y conservador. Ese es lamentablemente el trasfondo de un instructivo, que según sus defensores llamaba al “orden”.

El poder político, como recurso, se puede disponer en cualquier momento de él, ya sea, para administrarlo, para situarse respecto de otros, así como para relacionarse, como parece ser el caso de una autoridad, respecto de un grupo de funcionarios públicos.

El problema radica en la forma de imponer dicho poder o voluntad. En el caso de Coquimbo, se trata de retomar una tradición, buscando volver al pasado, cuyo aspecto central, es la uniformidad de la vestimenta, como factor de orden colectivo.

Vale decir, se utiliza el poder simbólico, que me otorga la autoridad legal, y con ello, se instala un doble discurso: uniformó la vestimenta y las actividades cotidianas, por una parte, prohibiendo también la diversidad de pensamiento y libertad de los funcionarios públicos, por la otra. Dicha práctica paraliza cualquier intento de un liderazgo distinto, que promueve la iniciativa y pro actividad, tan necesaria y útil entre los funcionarios públicos.

Bajo una razón legal (excesivamente racionalista) se busca lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Nadie sensato, menos un funcionario público, pretenderá dejar corriendo la llave del baño de su propia oficina. Parece un despropósito. De igual forma, exigir vestimenta absolutamente formal, para la salida en terreno, en una zona tan calurosa como la IV Región, simplemente no tiene explicación valida.

Lo que sí, parece muy claro, es que se perdió una oportunidad valiosa de relacionarse de manera armónica entre la autoridad y los funcionarios de Coquimbo, mediante el diálogo y las buenas practicas laborales.

* Docente. Universidad ARCIS. Valparaíso.

Valparaíso y la corrupción.

Las autoridades debieran promover medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento y organizar campañas públicas que resalten la honestidad.

Según datos de una encuesta publicada recientemente (Por el IST y el Duoc-UC) la percepción de los ciudadanos de la V región de Valparaíso, respecto de la corrupción es tajante. Un 65 % considera que la región es corrupta o medianamente corrupta. Un 78 % cree que la corrupción daña la imagen de la región. Pero eso no es todo. Más de un 64 %, dice sentir vergüenza o indignación.

La imagen deteriorada de la región, debido a los escándalos de corrupción en la administración pública, debe llamar la atención de las autoridades quienes deben enviar señales concretas a los ciudadanos que dichas prácticas disminuirán considerablemente.

Un primer aspecto, tiene relación con la ley de Transparencia. En la medida que las autoridades colaboren activamente con informar públicamente sobre los asuntos financieros de sus instituciones, la corrupción rondará menos entre las arcas fiscales.

Otro aspecto importante, son las medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento, que debieran ir acompañados con campañas públicas que promuevan la honestidad, y el compromiso por aquello que pertenece al común de los chilenos. Se requiere un cambio de actitud, frente a todo lo que implique perdida del matrimonio publico.

Ello implica poner en debate un conjunto de conductas frente al delito económico y perdida de patrimonio. Vale decir, repudiar el fraude millonario y el desvío de fondos públicos, como también el robo de una señalética de transito, que finalmente sirve de trofeo y termina por adornar la pieza de una persona. Aunque parecen actos completamente asimétricos, tiene un eje común: ambos generan dañan la propiedad pública, cuestión que no se debe tolerar.

Un tercer aspecto, tiene relación con promover el control ciudadanos sobre los bienes comunes, mediante el apoyo material a la creación de organizaciones independientes y de la sociedad civil, que promuevan la educación basada en la honestidad.

* El autor es docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso. 

LO QUE EVITÓ EL NO INDULTO.

* Por Jorge Montecino

La negativa del gobierno, viene a ratificar que algunos militares, también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.


La decisión del gobierno chileno, de no indultar a los violadores de los Derechos Humanos, aparece como una señal potente del Ejecutivo respecto de ser un gobierno que no indulta y que suele tener la mano dura, respecto del delito.

Sin embargo, la medida evitó un conjunto de situaciones y nuevos escenarios respecto de la violencia política acontecida en el país, durante la dictadura militar y que el actual gobierno no desea enfrentar.

El indulto es finalmente una decisión política y no solamente jurídica. Vale decir, tiene un origen jurídico, pero inevitablemente tiene un transfondo político, por que recae exclusivamente en la figura del Presidente de la República. Esto implica que la responsabilidad de otorgar indulto, puede ser un factor de doble filo, cuyo costo político, tendrá que asumir necesariamente el Presidente.

En relación a la justicia aplicada y sancionada por los jueces, mediante largos y costosos juicios, el indulto, como un acto administrativo, provoca una reacción negativa, en las victimas y su entorno, lo que también recibe la adhesión de otros sectores de la sociedad, sobre todo por la ausencia de un seguimiento eficaz sobre los condenados.

Respecto de cómo superar los dolores políticos producidos en Chile, en la historia reciente de nuestro país, en gran medida tiene que ver con el pedir perdón a las victimas. Mientras los altos mandos de las FFAA y de Orden, no admitan la responsabilidad institucional en la sistemática violación de los derechos humanos en el país, es difícil que el país entienda la petición de indulto para los militares, aunque sean de rango menor.

Lo que finalmente ocurrió en la decisión del No Indulto, tiene mucho que ver con el reconocer y el perdonar. El perdón es individual y le corresponde a cada una de las victimas y su entorno. Reconocer, es un acto de valentía, y ello provoca que el victimario, asuma la pena que le asignó Estado y esta debe cumplirse íntegramente.

Los derechos humanos son universales y la ciudadanía mundial, rechaza las amnistías, y todo los que se parezca a punto final. Sobre todo en Chile, cuyos puntos de detención para militares, cuentan con altos standards de calidad, respecto de las demás cárceles del país.

Los militares que podrían haber sido, beneficiados con el indulto, son precisamente aquellos de menores rangos, que en ocasiones obedecieron órdenes superiores, y no tuvieron posibilidades de evitarlas. La negativa del gobierno, viene a ratificar que también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.

* Docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso.

Chile: ¿Fin a la libertad de Expresión?

Por Jorge Montecino.

Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.

Las manifestaciones en Chile, podrían resultar caras y con penas de cárcel para los convocantes. En medio del escenario electoral, en el Congreso se tramita una Ley, que castiga a los dirigentes de instituciones sociales o ciudadanas, por los desmanes que pudieran provocar las minorías violentas que por lo general se infiltran en las manifestaciones públicas y que apartándose de la idea inicial de la convocatoria producen destrozos en la propiedad pública y privada.

Esta Ley atenta gravemente con el derecho a manifestarse públicamente y de manera pacifica. Además criminaliza toda acción ciudadana y restringe la diversidad de opinión entre los actores sociales y ciudadanos. Resulta una medida intimidatoria, por que responsabiliza a los líderes o dirigentes máximos de una organización y por ende, una persecución que podría desmantelar o al menos disminuir claramente los liderazgos sociales o ciudadanos.

Pretender culpar a las organizaciones sociales y ciudadanas, por los desmanes que cometen las minorías violentas en las manifestaciones públicas, es tan absurdo, como culpa al Presidente de la ANFP, por los destrozos que provocan los furiosos barristas en los estadios.

Nadie sensato, pretenderá responsabilizar – como es el cuerpo de la Ley- a las organizaciones sociales o ciudadanas por lo que ocurre durante una manifestación que por esencia, es amplia, plural y diversa, sin discriminación de ningún tipo. El control policial –intimidatorio- que se ejerce actualmente sobre los manifestantes, parece no ser suficiente, y ahora se busca que los manifestantes se pre-inscriban antes de manifestarse públicamente.

Resulta al menos curioso, que en un Chile post Neoliberal, la libertad a expresarse sea restringida mediante este tipo de legislatura, en medio de una crisis financiera global, que golpea de manera manifiesta a los sectores medios y vulnerables del país, cuya última manifestación, ante el total desamparo del mercado, es utilizar la manifestación pública, como expresión de reclamo y grito de esperanza.

Es una verdadera mordaza al derecho de expresión y un mal recuerdo de una época oscura de Chile, donde la aplicación de los artículos transitorios y la ley de Seguridad interior, se utilizaba como herramienta política. Con esta Ley se fortalece el vandalismo – que seguirá existiendo- y se intimida al ciudadano y su libertad de expresión.

Director Ejecutivo, del Observatorio del la Realidad, Ciudadana. Universidad ARCIS Valparaíso.

HONDURAS: NADA JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO.
Por Jorge Montecino.

Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya. El adelantamiento de las elecciones o el gobierno golpista, hasta el año 2010, implican directamente el no retorno al palacio de gobierno, del Presidente.

La comunidad internacional reclama el regreso del Presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya (MEL), y pone en jaque al golpismo en el país centroamericano. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viaja con una delegación de personalidades de la región, para intentar reponer a MEL en el sillón presidencial.

Dicha acción busca deslegitimar la intervención militar como factor de cambio de los gobiernos en America latina y con ello evitar que las Fuerzas Armadas de la región, vuelvan a intentar las desastrosas dictaduras acontecidas en la región. No existen amenazas suficientes que logren justificar este tipo de acción.

La condena al Golpe de Estado, de parte de la administración de los Estados Unidos, es una clara señal que dichas acciones militares no tienen cabida en el relacionamiento político y económico, que viven los países latinoamericanos.

Sin embargo, también se pone en tela de juicio la calidad y densidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Vale decir, es condenable todo intento golpista, pero igualmente es exigible una mayor calidad y participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales.

La participación de los ciudadanos, es la pieza clave para la profundización democrática y eventualmente la defensa de los gobiernos elegidos en procesos electorales acontecidos en la región. En tal sentido, el caso de Honduras se presenta complejo, para la reincorporación del Presidente Zelaya, debido fundamentalmente a la tardía reacción de la ciudadanía que crecientemente comienza a protestar ante la acción golpista.

Respecto del futuro del Presidente Manuel Zelaya, y su retorno al país, es incierto. Su anunciado regreso no será posible hasta después de la misión de la OEA. Dicho tiempo pudiera resultar clave para la consolidación de las nuevas autoridades golpista. Los escenarios futuros parecen no considerar al Presidente Zelaya, - adelantamiento de las elecciones o gobierno golpista, hasta el año 2010- y su retorno al palacio de gobierno, pudiera no acontecer. Todo depende de la acción ciudadana y la presión internacional.

Director Ejecutivo, del Observatorio de la Realidad Ciudadana, Universidad ARCIS, Valparaíso.

LA PILDORA ELECTORAL Y OPUS DEI.

Por Jorge Montecino

Los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

La píldora del día después, nuevamente está el centro del debate nacional. Los candidatos presidenciales, aprovechan la agenda noticiosa para lograr ventajas electorales. Mientras ello ocurre, algunos expertos intencionadamente insisten de manera tajante que la píldora es abortiva. A su vez, la comunidad científica determina que no.

¿Cuál es el debate de fondo? En medio de tamaña controversia, muy similar a otras, como por ejemplo, las antenas de celulares- en cuyo caso no hay certeza científica de daño, pero tampoco que no exista- el mercado es el único ganador y los ciudadanos, los grandes perdedores.

Poco o casi nada se opina sobre el Tribunal Constitucional (TC), un organismo tutelar de la sociedad, sin legitimidad ciudadana, capaz de imponer, sobre todo a los más vulnerables socialmente, lo que es bueno o dañino para su salud o desarrollo de vida.

Curiosamente en Chile, existe total libertad sobre el mercado. Sin embargo, la tutela respecto de las libertades individuales (los llamados temas valóricos) son tremendamente protegidas, mediante esfuerzos combinados provenientes tanto del sector público como el privado.

Dichas prácticas, se observan reforzadas con el doble estándar de aquellos sectores de mayores ingresos, con una clara vinculación hacia valores en extremo conservadores- entre ellos el OPUS DEI- que no admiten ningún tipo de regulación de anticoncepción - incluye en su prohibición- el conocido y habitual condón. Dicha visión cultural- religiosa, no tiene relación alguna con los modos de vida actuales y en nada con la libertad sexual de las personas.

Por otra parte, mientras se busca legitimar dichos valores religiosos - fundamentalistas, los grupos que las propician- apoyados en sus recursos materiales y financieros- afrontan los “percances sexuales” con la compra de los fármacos que públicamente repudian o la interrupción de un embarazo, en algún país de la región, cuya legislación lo permite.

En resumida cuenta, y una vez más, los más desprotegidos. Vale decir, los sectores socialmente más vulnerables, cuya libertad sexual, que aparecía hasta ahora, como uno de los pocos recursos disponibles, se observa invariablemente amenazada.

* Director Ejecutivo del Observatorio de la Realidad Ciudadana, Universidad ARCIS Valparaíso.