¿Muevan las industrias?

El avance industrial es necesario. Sin embargo, se requiere preservar el medio ambiente y la armonía de las comunidades. El descontento ciudadano logró la suspensión de la instalación de la termoeléctrica en Punta de Choros.

La protesta masiva de los ciudadanos, detuvo la construcción de la termoeléctrica a carbón, que la empresa Suez Energy, pretendía instalar en la cercanía de Punta Choros. Esto demostró que una ciudadanía activa y con capacidad de propuesta, influye en decisiones que parecían una verdad absoluta, al menos para un grupo de funcionarios públicos de la CONAMA de Coquimbo, que votaron por la realización del proyecto eléctrico, sin importar el costo ambiental, que su decisión implicaba.

En medio del debate medio ambiental y ecológico, que produce esta decisión, hay que dejar en claro, que nadie se opone al avance industrial necesario en un país periférico como Chile. El crecimiento industrial, arrastra una demanda de energía que de algún lado debe proveerse. Ello no está en discusión, como piensan algunos sectores empresariales.

Tampoco se desconoce que mayores proyectos productivos, otorgan más capacidad de mano de obra e impacto en el mercado y la economía. Sin embargo, la experiencia reciente de BP petróleos, que contaminó miles de kilómetros del océano en el Golfo de México y las costas de Estados Unidos, marcó un precedente respecto de la defensa del medio ambiente, por parte de los ciudadanos, cada vez más informados, que expresan su opinión, y además, viven conectados en plataformas sociales, de fácil concertación y comunicación.

Se hace necesario mayor injerencia del Estado en el control y fiscalización de importantes sectores productivos del país, que logran altas tasas de ganancias financieras, aplicando bajos costos, sin ninguna responsabilidad social ni empresarial.

Esta mención parece importante, en medio de feroces ataques en contra de las organizaciones ciudadanas que se oponen a este tipo de centrales eléctricas, y que ruegan por más progreso, pero sin dañar el medio ambiente, como se pretendía en Punta de Choros.

El Estado debiera reconocer que le es imposible fiscalizar una parte importante del sector productivo del país, con la rapidez y eficacia que se requiere y debiera garantizar recursos estatales para la organización de los ciudadanos, en la defensa preventiva del medio ambiente. Esto resulta esencial, para empoderar a una ciudadanía, que se moviliza de manera responsable en la defensa del medio ambiente y que en casos como esté, participa activamente en la defensa de lo que considera esencial para su entorno y la naturaleza que le rodea.

* Docente Universidad ARCIS Valparaíso.

Coquimbo: ¿Regreso al autoritarismo?

Bajo una razón legal se buscó lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Diferentes reacciones causó la filtración del instructivo general Nº 1, del Gobierno Regional de Coquimbo, que prohibía, entre otras cosas, el uso de la falda corta entre las mujeres; el jeans, o una polera sin cuello, incluida las zapatillas en caso de salidas a terreno.

A pesar de haber sido finalmente derogado el instructivo y ser catalogado de “tontera sin límite”, por una alta autoridad central, él documento deja al descubierto una latente amenaza: volver al autoritarismo profundamente tradicional y conservador. Ese es lamentablemente el trasfondo de un instructivo, que según sus defensores llamaba al “orden”.

El poder político, como recurso, se puede disponer en cualquier momento de él, ya sea, para administrarlo, para situarse respecto de otros, así como para relacionarse, como parece ser el caso de una autoridad, respecto de un grupo de funcionarios públicos.

El problema radica en la forma de imponer dicho poder o voluntad. En el caso de Coquimbo, se trata de retomar una tradición, buscando volver al pasado, cuyo aspecto central, es la uniformidad de la vestimenta, como factor de orden colectivo.

Vale decir, se utiliza el poder simbólico, que me otorga la autoridad legal, y con ello, se instala un doble discurso: uniformó la vestimenta y las actividades cotidianas, por una parte, prohibiendo también la diversidad de pensamiento y libertad de los funcionarios públicos, por la otra. Dicha práctica paraliza cualquier intento de un liderazgo distinto, que promueve la iniciativa y pro actividad, tan necesaria y útil entre los funcionarios públicos.

Bajo una razón legal (excesivamente racionalista) se busca lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Nadie sensato, menos un funcionario público, pretenderá dejar corriendo la llave del baño de su propia oficina. Parece un despropósito. De igual forma, exigir vestimenta absolutamente formal, para la salida en terreno, en una zona tan calurosa como la IV Región, simplemente no tiene explicación valida.

Lo que sí, parece muy claro, es que se perdió una oportunidad valiosa de relacionarse de manera armónica entre la autoridad y los funcionarios de Coquimbo, mediante el diálogo y las buenas practicas laborales.

* Docente. Universidad ARCIS. Valparaíso.

Valparaíso y la corrupción.

Las autoridades debieran promover medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento y organizar campañas públicas que resalten la honestidad.

Según datos de una encuesta publicada recientemente (Por el IST y el Duoc-UC) la percepción de los ciudadanos de la V región de Valparaíso, respecto de la corrupción es tajante. Un 65 % considera que la región es corrupta o medianamente corrupta. Un 78 % cree que la corrupción daña la imagen de la región. Pero eso no es todo. Más de un 64 %, dice sentir vergüenza o indignación.

La imagen deteriorada de la región, debido a los escándalos de corrupción en la administración pública, debe llamar la atención de las autoridades quienes deben enviar señales concretas a los ciudadanos que dichas prácticas disminuirán considerablemente.

Un primer aspecto, tiene relación con la ley de Transparencia. En la medida que las autoridades colaboren activamente con informar públicamente sobre los asuntos financieros de sus instituciones, la corrupción rondará menos entre las arcas fiscales.

Otro aspecto importante, son las medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento, que debieran ir acompañados con campañas públicas que promuevan la honestidad, y el compromiso por aquello que pertenece al común de los chilenos. Se requiere un cambio de actitud, frente a todo lo que implique perdida del matrimonio publico.

Ello implica poner en debate un conjunto de conductas frente al delito económico y perdida de patrimonio. Vale decir, repudiar el fraude millonario y el desvío de fondos públicos, como también el robo de una señalética de transito, que finalmente sirve de trofeo y termina por adornar la pieza de una persona. Aunque parecen actos completamente asimétricos, tiene un eje común: ambos generan dañan la propiedad pública, cuestión que no se debe tolerar.

Un tercer aspecto, tiene relación con promover el control ciudadanos sobre los bienes comunes, mediante el apoyo material a la creación de organizaciones independientes y de la sociedad civil, que promuevan la educación basada en la honestidad.

* El autor es docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso.