2010: ¿Un año cruzado por la fatalidad?

Por Jorge Montecino

Se termina un año marcado por importantes acontecimientos en el país. La perdida del poder político por parte de La Concertación, fue todo un cambio. El conglomerado que estuvo 20 años en el gobierno, aún no logra trasmitir confianza y sobre todo, ser alternativa política real. Su inacción genera decepción y nadie puede aventurarse al futuro. Todo parece incierto.

De los generales de La Concertación no se sabe nada. De los ex Presidentes bastante poco. Y de ella, por ahora la ONU – mujer, parece ser su prioridad.

Por otra parte, la alternancia en el gobierno, algo que pudo ser un positivo recambio de la elite política del país, tropezó con el terremoto y desde ese momento todo parece fatalidad. Incluso algunos se atreven a decir, en el mundo cotidiano, que el Presidente Piñera trajo la mala suerte.

En tal circunstancia, asumen que el terremoto fue el castigo natural, por su llegada a La Moneda. El temblor del día 11 de marzo, confirmaría aquello de manera irrefutable, al coincidir justo en medio de la trasmisión del Mando.

Por tanto, lo ocurrido con los 33 mineros atrapados, por la irresponsabilidad de los dueños de la mina, seria parte de la fatalidad. Igual situación respecto de la muerte de los 81 internos del penal de San Miguel.

Siguiendo la misma idea anterior, lo ocurrido con la selección de futbol, es una alegría importante, robusta, con clase a nivel mundial. Chile, logró por fin ser respetados por el concierto internacional. El cambio de imagen se debe al DT argentino, Marcelo Bielsa, que logró incorporar un liderazgo nuevo, eficaz y propositivo a la selección chilena.

Cuando la vergüenza parecía lejos y sólo era un recuerdo, vino la irrupción de los nuevos dueños del futbol. Su prepotencia y falta de tino, privó a la selección de uno de los entrenadores con mayor reconocimiento mundial. Otra vez, las miradas apuntaron al Presidente Piñera. Su participación accionaria en Blanco & Negro, lo condenó a la asociación con la fatalidad.

Para culminar el año de la fatalidad, la comunidad digital debió presenciar el escandaloso Twittercidio, de la Vice-Presidente de la JUNJI, Ximena Ossandón, al calificar de “reguleque” los $ 3.700.000, mensuales que le pagó el Estado por su trabajo como funcionaria pública.
¿Qué dirán los trabajadores que ganan menos de doscientos mil pesos mensuales? Es casi seguro que desearían tan sólo el 10 % del reguleque sueldo (Unos $ 370.000 pesos) de la ex funcionaria pública.

Esperemos que el año 2010, se lleve la fatalidad y nos re-encontremos con la estrella de la buena fortuna y la protección. Esto podría sacudirnos de tanto castigo, aunque de fatalidades no creo mucho.

¿Muevan las industrias?

El avance industrial es necesario. Sin embargo, se requiere preservar el medio ambiente y la armonía de las comunidades. El descontento ciudadano logró la suspensión de la instalación de la termoeléctrica en Punta de Choros.

La protesta masiva de los ciudadanos, detuvo la construcción de la termoeléctrica a carbón, que la empresa Suez Energy, pretendía instalar en la cercanía de Punta Choros. Esto demostró que una ciudadanía activa y con capacidad de propuesta, influye en decisiones que parecían una verdad absoluta, al menos para un grupo de funcionarios públicos de la CONAMA de Coquimbo, que votaron por la realización del proyecto eléctrico, sin importar el costo ambiental, que su decisión implicaba.

En medio del debate medio ambiental y ecológico, que produce esta decisión, hay que dejar en claro, que nadie se opone al avance industrial necesario en un país periférico como Chile. El crecimiento industrial, arrastra una demanda de energía que de algún lado debe proveerse. Ello no está en discusión, como piensan algunos sectores empresariales.

Tampoco se desconoce que mayores proyectos productivos, otorgan más capacidad de mano de obra e impacto en el mercado y la economía. Sin embargo, la experiencia reciente de BP petróleos, que contaminó miles de kilómetros del océano en el Golfo de México y las costas de Estados Unidos, marcó un precedente respecto de la defensa del medio ambiente, por parte de los ciudadanos, cada vez más informados, que expresan su opinión, y además, viven conectados en plataformas sociales, de fácil concertación y comunicación.

Se hace necesario mayor injerencia del Estado en el control y fiscalización de importantes sectores productivos del país, que logran altas tasas de ganancias financieras, aplicando bajos costos, sin ninguna responsabilidad social ni empresarial.

Esta mención parece importante, en medio de feroces ataques en contra de las organizaciones ciudadanas que se oponen a este tipo de centrales eléctricas, y que ruegan por más progreso, pero sin dañar el medio ambiente, como se pretendía en Punta de Choros.

El Estado debiera reconocer que le es imposible fiscalizar una parte importante del sector productivo del país, con la rapidez y eficacia que se requiere y debiera garantizar recursos estatales para la organización de los ciudadanos, en la defensa preventiva del medio ambiente. Esto resulta esencial, para empoderar a una ciudadanía, que se moviliza de manera responsable en la defensa del medio ambiente y que en casos como esté, participa activamente en la defensa de lo que considera esencial para su entorno y la naturaleza que le rodea.

* Docente Universidad ARCIS Valparaíso.

Coquimbo: ¿Regreso al autoritarismo?

Bajo una razón legal se buscó lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Diferentes reacciones causó la filtración del instructivo general Nº 1, del Gobierno Regional de Coquimbo, que prohibía, entre otras cosas, el uso de la falda corta entre las mujeres; el jeans, o una polera sin cuello, incluida las zapatillas en caso de salidas a terreno.

A pesar de haber sido finalmente derogado el instructivo y ser catalogado de “tontera sin límite”, por una alta autoridad central, él documento deja al descubierto una latente amenaza: volver al autoritarismo profundamente tradicional y conservador. Ese es lamentablemente el trasfondo de un instructivo, que según sus defensores llamaba al “orden”.

El poder político, como recurso, se puede disponer en cualquier momento de él, ya sea, para administrarlo, para situarse respecto de otros, así como para relacionarse, como parece ser el caso de una autoridad, respecto de un grupo de funcionarios públicos.

El problema radica en la forma de imponer dicho poder o voluntad. En el caso de Coquimbo, se trata de retomar una tradición, buscando volver al pasado, cuyo aspecto central, es la uniformidad de la vestimenta, como factor de orden colectivo.

Vale decir, se utiliza el poder simbólico, que me otorga la autoridad legal, y con ello, se instala un doble discurso: uniformó la vestimenta y las actividades cotidianas, por una parte, prohibiendo también la diversidad de pensamiento y libertad de los funcionarios públicos, por la otra. Dicha práctica paraliza cualquier intento de un liderazgo distinto, que promueve la iniciativa y pro actividad, tan necesaria y útil entre los funcionarios públicos.

Bajo una razón legal (excesivamente racionalista) se busca lograr la legitimidad, que bien pudo ser obtenida mediante la persuasión y el consenso entre los funcionarios y la autoridad competente.

Nadie sensato, menos un funcionario público, pretenderá dejar corriendo la llave del baño de su propia oficina. Parece un despropósito. De igual forma, exigir vestimenta absolutamente formal, para la salida en terreno, en una zona tan calurosa como la IV Región, simplemente no tiene explicación valida.

Lo que sí, parece muy claro, es que se perdió una oportunidad valiosa de relacionarse de manera armónica entre la autoridad y los funcionarios de Coquimbo, mediante el diálogo y las buenas practicas laborales.

* Docente. Universidad ARCIS. Valparaíso.

Valparaíso y la corrupción.

Las autoridades debieran promover medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento y organizar campañas públicas que resalten la honestidad.

Según datos de una encuesta publicada recientemente (Por el IST y el Duoc-UC) la percepción de los ciudadanos de la V región de Valparaíso, respecto de la corrupción es tajante. Un 65 % considera que la región es corrupta o medianamente corrupta. Un 78 % cree que la corrupción daña la imagen de la región. Pero eso no es todo. Más de un 64 %, dice sentir vergüenza o indignación.

La imagen deteriorada de la región, debido a los escándalos de corrupción en la administración pública, debe llamar la atención de las autoridades quienes deben enviar señales concretas a los ciudadanos que dichas prácticas disminuirán considerablemente.

Un primer aspecto, tiene relación con la ley de Transparencia. En la medida que las autoridades colaboren activamente con informar públicamente sobre los asuntos financieros de sus instituciones, la corrupción rondará menos entre las arcas fiscales.

Otro aspecto importante, son las medidas preventivas que eduquen a los funcionarios públicos en códigos de ética y comportamiento, que debieran ir acompañados con campañas públicas que promuevan la honestidad, y el compromiso por aquello que pertenece al común de los chilenos. Se requiere un cambio de actitud, frente a todo lo que implique perdida del matrimonio publico.

Ello implica poner en debate un conjunto de conductas frente al delito económico y perdida de patrimonio. Vale decir, repudiar el fraude millonario y el desvío de fondos públicos, como también el robo de una señalética de transito, que finalmente sirve de trofeo y termina por adornar la pieza de una persona. Aunque parecen actos completamente asimétricos, tiene un eje común: ambos generan dañan la propiedad pública, cuestión que no se debe tolerar.

Un tercer aspecto, tiene relación con promover el control ciudadanos sobre los bienes comunes, mediante el apoyo material a la creación de organizaciones independientes y de la sociedad civil, que promuevan la educación basada en la honestidad.

* El autor es docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso. 

LO QUE EVITÓ EL NO INDULTO.

* Por Jorge Montecino

La negativa del gobierno, viene a ratificar que algunos militares, también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.


La decisión del gobierno chileno, de no indultar a los violadores de los Derechos Humanos, aparece como una señal potente del Ejecutivo respecto de ser un gobierno que no indulta y que suele tener la mano dura, respecto del delito.

Sin embargo, la medida evitó un conjunto de situaciones y nuevos escenarios respecto de la violencia política acontecida en el país, durante la dictadura militar y que el actual gobierno no desea enfrentar.

El indulto es finalmente una decisión política y no solamente jurídica. Vale decir, tiene un origen jurídico, pero inevitablemente tiene un transfondo político, por que recae exclusivamente en la figura del Presidente de la República. Esto implica que la responsabilidad de otorgar indulto, puede ser un factor de doble filo, cuyo costo político, tendrá que asumir necesariamente el Presidente.

En relación a la justicia aplicada y sancionada por los jueces, mediante largos y costosos juicios, el indulto, como un acto administrativo, provoca una reacción negativa, en las victimas y su entorno, lo que también recibe la adhesión de otros sectores de la sociedad, sobre todo por la ausencia de un seguimiento eficaz sobre los condenados.

Respecto de cómo superar los dolores políticos producidos en Chile, en la historia reciente de nuestro país, en gran medida tiene que ver con el pedir perdón a las victimas. Mientras los altos mandos de las FFAA y de Orden, no admitan la responsabilidad institucional en la sistemática violación de los derechos humanos en el país, es difícil que el país entienda la petición de indulto para los militares, aunque sean de rango menor.

Lo que finalmente ocurrió en la decisión del No Indulto, tiene mucho que ver con el reconocer y el perdonar. El perdón es individual y le corresponde a cada una de las victimas y su entorno. Reconocer, es un acto de valentía, y ello provoca que el victimario, asuma la pena que le asignó Estado y esta debe cumplirse íntegramente.

Los derechos humanos son universales y la ciudadanía mundial, rechaza las amnistías, y todo los que se parezca a punto final. Sobre todo en Chile, cuyos puntos de detención para militares, cuentan con altos standards de calidad, respecto de las demás cárceles del país.

Los militares que podrían haber sido, beneficiados con el indulto, son precisamente aquellos de menores rangos, que en ocasiones obedecieron órdenes superiores, y no tuvieron posibilidades de evitarlas. La negativa del gobierno, viene a ratificar que también fueron victimas de sus propios compañeros de armas. Sin embargo, no tendrán la misericordia del Estado. Esa es la diferencia que distingue la calidad de victima y victimario.

* Docente de la Universidad ARCIS, Valparaíso.